Por Alejandro Martinolich
El discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina dejó la certeza de que el gobierno está dispuesto a acelerar si ve una pared en el camino. Lejos de la solemnidad que exige una instancia institucional de esa magnitud, el mensaje presidencial combinó datos discutibles, omisiones significativas y un tono que por momentos rozó la descalificación personal antes que el debate democrático.
Desde el inicio, la narrativa oficial insistió en la idea de una “recuperación histórica” y un “ajuste exitoso” sin precedentes. Sin embargo, varios de los indicadores mencionados fueron presentados sin contexto o con interpretaciones parciales muy sesgadas. La desaceleración inflacionaria, por ejemplo, fue exhibida como un logro lineal, pero se omitió el impacto recesivo, la caída del consumo y el deterioro de ingresos reales de los argentinos que acompañaron ese proceso. Presentar una variable aislada como prueba concluyente de éxito económico resulta, cuanto menos, simplificador.
Algo similar ocurrió con las referencias al déficit y al equilibrio fiscal. El Presidente habló de “déficit cero” como si se tratara de un punto de llegada estructural, cuando en rigor buena parte del ajuste recayó sobre jubilaciones, transferencias a provincias y obra pública paralizada. No hubo mención al costo social ni al impacto territorial. Tampoco a la sostenibilidad política de una estrategia que depende en gran medida de la licuación inflacionaria y del freno abrupto del gasto.
En materia de empleo y actividad, el discurso eligió la épica por sobre la precisión. Se habló de “rebote vigoroso” sin detallar cifras sectoriales ni reconocer la profundidad de la contracción previa. La construcción y el comercio —dos termómetros claves— atravesaron y atraviesan meses críticos, y la industria mostró incluso retrocesos más significativos con cierres y despidos masivos. La omisión de estos datos no es un detalle técnico: es una decisión narrativa, es mentir.
Pero más allá de los números, el tono fue otro de los puntos sensibles. La apertura de sesiones ordinarias es, históricamente, un acto institucional que marca la agenda legislativa del año. Convertir ese espacio en una tribuna de confrontación permanente, con adjetivaciones y descalificaciones hacia opositores, gobernadores e incluso periodistas, empobrece el debate democrático. La política puede ser firme sin caer en la estridencia, la cuidada televisación no permitía oir a los opositores por lo que Milei, pudo bien ignorarlos y no subirlos a la pelea. Habría que avisarle que ya no es más panelista de TV, que ahora dirige una nación.
La retórica de ruptura —marca registrada del oficialismo— volvió a imponerse sobre la construcción de consensos. En lugar de tender puentes en un Congreso fragmentado, el mensaje pareció reforzar la lógica amigo-enemigo. En un país con tensiones sociales acumuladas y con economías regionales golpeadas, esa estrategia puede rendir en términos identitarios, pero difícilmente ayude a estabilizar el sistema político.
El Presidente tiene derecho a defender su programa y a reivindicar lo que considera logros. Lo que no debería naturalizarse es la presentación sesgada de datos ni la degradación del lenguaje institucional. La discusión pública exige rigor, y el escenario del Congreso exige respeto por la investidura y por quienes representan a millones de argentinos, aun cuando piensen distinto.
La Argentina atraviesa un momento delicado, una situación social sólo contenida por un aumento escandaloso de planes sociales. Precisamente por eso, el debate necesita menos consignas y más información completa; menos épica personal y más institucionalidad. El discurso inaugural dejó claro que el rumbo elegido prioriza la confrontación para ocultar los magros éxitos económicos. Queda por ver si esa estrategia, sostenida en el tiempo, fortalece o erosiona la calidad democrática.
