Mientras una de las primeras heladas invernales se desparramaba por gran parte del territorio de de Río Negro, los diputados nacionales aprobaban una importante quita a los subsidios en la tarifa de gas natural.
Anibal Tortoriello, candidato eterno a la gobernación de Río Negro votó a favor de la medida. Respaldaron también la nueva normalos legisladores de la zona Villaverde y Capozzi, la primera aferrada a su banca pese a su controversial estilo de vida y el segundo saltando de partido en partido, ahora aliado de Bullrich.
A un mes -la fecha no es antojadiza- de la entrada de la estación más fría del año la quita del subsidio a miles de familias argentinas no es únicamente un concepto económico, también es una decisión profundamente reñida con la moral y la territorialidad: Río Negro, Neuquén y Chubut son los pilares estratégicos del sistema energético argentino y el supuesto “sinceramiento” que piden en las tarifas termina convirtiéndose en un castigo para quienes viven en las zonas climáticamente más hostiles del país donde se produce el recurso.
Además, el voto de Tortoriello también refleja una transformación más amplia dentro de cierto sector político que alguna vez construyó su identidad en defensa del federalismo y de la república y hoy parece alinearse sin demasiadas resistencias con decisiones centralistas tomadas desde la Casa Rosada que ante la caída de la recaudación desempolva la motosierra para que le cierren las cuentas y como la lógica del ajuste perpetuo desconoce que no es lo mismo vivir un invierno en Buenos Aires que en Bariloche, Bahía Blanca o la Línea Sur, el impacto político de esta decisión nos lleva a preguntar ¿a quién representan estas manos alzadas en el Congreso?
Porque la discusión no pasa solamente por la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Esa explicación, repetida como mantra desde el gobierno nacional, pierde fuerza cuando el ajuste cae una vez más sobre sectores medios y bajos, mientras otros privilegiados del poder siguen siendo intocables -como la empresa del mismo Tortoriello, que ganó una controvertida licitación publica para trasladar gas licuado pese a cobrar 500 millones de pesos más que los otros oferentes-.
Es que más allá de que la norma debe pasar aun por el senado, el voto afirmativo de los legisladores de Río Negro aliados a La Libertad Avanza deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una señal política contundente: mientras miles de rionegrinos hacen cuentas para no pasar frío, sus representantes -sentados calentitos en sus despachos porteños- parecen más preocupados por demostrar obediencia al programa económico nacional que en defender las necesidades elementales de la región que dicen representar.
