Esta semana UnTER va al paro en Río Negro tras el fracaso en las paritarias. Las aulas volverán a estar vacías, en una postal recurrente en muchas escuelas de Río Negro a lo largo de los últimos años. Mientras el gobierno asegura que los docentes rionegrinos tienen el segundo mejor salario del país y tuvieron un aumento por encima de la inflación, desde el gremio destacan la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos que se deterioran mes tras mes.
Sin embargo, las huelgas docentes, lejos de ser una rareza, son parte de la rutina escolar: en promedio, los estudiantes pierden entre 12 y 15 días de clases por año en el país y este fenómeno, tiene consecuencias directas en la calidad educativa, pero también pone en juego un debate más profundo: ¿cómo se equilibran el derecho a la educación y el derecho de los trabajadores a hacer huelga?
Recabando datos a partir de 1983, la provincia de Río Negro registra una de las tasas más altas de conflictividad docente del país. Según datos de la Universidad Torcuato Di Tella, junto con Neuquén, Santa Cruz y Chubut, forma parte del grupo de jurisdicciones con mayor número de días perdidos por paros en las últimas cuatro décadas: un promedio de 15 días por año.
En comparación, la media nacional ronda los 12 días anuales. Es decir, en la provincia, un ciclo lectivo de 180 días, uno de cada ocho se pierde por conflictos gremiales. Esta cifra no contempla las suspensiones por otras causas, como condiciones edilicias o climáticas.
«Cada día de huelga que no se recupera es un contenido menos que se enseña. Eso tiene efectos acumulativos», explica Mariana Larrondo, especialista en política educativa. Diversos estudios muestran que las provincias con mayor conflictividad tienden a tener peores resultados en las evaluaciones nacionales.
En Río Negro, por ejemplo, las pruebas Aprender de 2022 reflejaron un estancamiento en Lengua y una caída en Matemática, especialmente en contextos más vulnerables. A eso se suma un fenómeno silencioso: el traslado de estudiantes hacia escuelas privadas, una tendencia que se agudiza en zonas urbanas cuando las clases en el sector público se tornan intermitentes.
Dos derechos en tensión
El conflicto adquiere una dimensión jurídica y ética. Por un lado, los gremios docentes reclaman su derecho constitucional a la huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por otro, padres y estudiantes apelan al derecho a la educación, igualmente reconocido por la ley.
En 2024, el gobierno rionegrino decidió avanzar con una legislación que declara a la educación como «servicio esencial». Esto implica que durante una huelga deben garantizarse guardias mínimas y sanciones a quienes no cumplan. La medida fue rechazada de plano por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), que la calificó como «un intento de disciplinamiento» y denunció una «persecución gremial».
“El Estado quiere maquillar una situación crítica con sanciones. Pero no mejora los salarios, ni las condiciones laborales, ni las escuelas que se caen a pedazos”, señaló Patricia Cetera, exsecretaria general de UnTER.
Desde el gobierno, en cambio, sostienen que la medida apunta a proteger el interés superior del niño: “La educación no puede ser rehén de disputas gremiales eternas”, dijo el ministro de Educación de Río Negro, Pablo Núñez, tras el paro de 48 horas convocado para esta semana.
Círculo vicioso
Es que cada año, el ciclo parece repetirse: ofertas salariales insuficientes, rechazo gremial, paros, días perdidos, tensiones mediáticas y finalmente, un acuerdo. Pero lo que no se recupera fácilmente es el aprendizaje perdido, ni la confianza entre las partes.
“El problema no es la huelga, sino lo que la provoca”, afirma Larrondo. “Los salarios docentes en Río Negro siguen rezagados frente a la inflación. Y la infraestructura escolar está lejos de lo ideal. Sin abordar esas causas, la conflictividad continuará”.
Distintos especialistas coinciden en que es necesario rediscutir el sistema de negociación docente. Plantean, entre otras medidas: acuerdos plurianuales, cláusulas de revisión automáticas, mecanismos de diálogo institucionalizados, y sobre todo, una planificación para recuperar los días perdidos.
Además, destacan la importancia de separar lo urgente de lo estructural: la mejora de la calidad educativa no se logra solo con más días de clase, pero sin ellos, resulta imposible.
El desafío de compatibilizar derechos no es nuevo, pero se vuelve cada vez más urgente. Las huelgas docentes en Río Negro no son solo una señal de protesta: son el reflejo de un sistema en tensión. La educación, como derecho y como bien social, merece una política que no se limite a evitar el conflicto, sino que se atreva a resolverlo desde la raíz.
