La diputada nacional rionegrina de La Libertad Avanza (LLA) y senadora electa, Lorena Villaverde, atraviesa una de las controversias políticas más resonantes del año, luego de que se reactivaran denuncias que la vinculan con causas por narcotráfico, estafas y lavado de dinero. El caso generó un fuerte impacto institucional y puso en suspenso su desembarco en el Senado y acaba de retirar su renuncia a la diputación que ostenta.
Según las presentaciones impulsadas por legisladores de la oposición, ya plenamente confirmadas, Villaverde habría sido detenida en 2002 en Florida, Estados Unidos, acusada de transportar cocaína y en una nota de La Nación dejan entrever que sólo pudo salir en libertad por haber delatado a la organización que pertenecía. En algunos documentos difundidos públicamente se menciona un operativo donde se habrían decomisado entre 400 gramos y hasta 15 kilos de droga, además de una importantesuma de dinero en efectivo.
En el plano local, la dirigente libertaria enfrenta además cuestionamientos por una supuesta estafa inmobiliaria en Las Grutas, donde compradores denunciaron haber pagado por terrenos cuyas escrituras nunca recibieron. Esa causa derivó en embargos judiciales y en nuevos pedidos de expulsión de su banca en Diputados.
La polémica creció al conocerse sus presuntos vínculos con empresarios investigados por narcotráfico, entre ellos Federico “Fred” Machado, lo que intensificó la presión política en plena campaña. Parte de la dirigencia de LLA evitó respaldarla mientras crecía el escándalo.
Frente a las denuncias, Villaverde negó todas las acusaciones, aseguró estar “sobreseída en cada una de las causas” y calificó la ofensiva como una maniobra política para impedir su asunción en el Senado. Incluso difundió en redes un “narco test” realizado por voluntad propia, con el que buscó desacreditar las imputaciones.
La controversia escaló a nivel institucional: la oposición exigió su suspensión en Diputados y el freno a su designación como senadora. El análisis de su pliego continúa en la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras Villaverde decidió retirar provisoriamente su renuncia a Diputados, lo que prolonga el clima de tensión dentro del Congreso.
El caso, que combina antecedentes judiciales, acusaciones de peso y una defensa férrea por parte de la legisladora, se convirtió en un test político clave para evaluar los límites éticos, el control institucional y el impacto de los escándalos personales dentro de la vida pública argentina.
