Aguiar: “Luego del acuerdo con bonistas, las jubilaciones tienen que recuperar su poder adquisitivo”

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El referente manifestó tener “la sensación que los beneficiarios encabezan la lista de espera en relación a las medidas económicas”.

En el marco del anuncio del Gobierno sobre la reestructuración de la deuda con los principales grupos de acreedores, el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se refirió a la situación que atraviesan los jubilados, considerando que «ahora que se logró un acuerdo que permite aliviar la situación financiera del país, se debe pensar en medidas que permitan mejorar la calidad de vida de todos los adultos mayores».

“El sector pasivo fue brutalmente ajustado durante los últimos cuatro años y ya no resiste seguir perdiendo el poder de compra de sus ingresos», explicó el dirigente en referencia a la pérdida de más del 12% del poder adquisitivo durante esa etapa y agregó: “Tenemos la sensación que los jubilados encabezan la lista de espera en relación a las medidas económicas que tiene que adoptar el Gobierno. La canasta alimentaria y los medicamentos que comúnmente consumen siguen aumentando. Se debe evitar que muchos de ellos caigan en la pobreza y otorgar un aumento de emergencia, además de avanzar hacia una ley que establezca un sistema previsional que vuelva a garantizar el 82% móvil para todos». El nuevo acuerdo de la deuda significa un ahorro de más de 30 mil millones de dólares para el Estado.

Aguiar afirmó que “en estos tiempos complejos, tanto PAMI y como ANSES adquieren una importancia central” porque “son los principales organismos de la seguridad social y deben garantizar el acceso a prestaciones que en todos los casos sean de calidad«. El cambio de fórmula implementado en junio de este año significó un aumento del 6,12%, lo cual resulta menor que si se hubiera utilizado el cálculo antes vigente. 

Pensando en lo que se viene, el adjunto de ATE sentenció que «no existirá jamás una salida a la crisis que nos impone la pandemia con jubilados afectados en su dignidad” y remarcó la “obligación seguir luchando para que todos sus derechos sean respetados», apuntando a los más de 16 millones de beneficiarios, según los datos oficiales.