Por unanimidad en la Legislatura de Río Negro, se aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se declara “Zona de Desastre Económico y Social” la región cordillerana, por el lapso de 180 días, durante los cuales hay asistencia provincial. Pero además, la aprobación es el paso previo a solicitar «al organismo nacional competente, la adopción de igual decisión».
Con datos de las cámaras empresarias vinculadas al turismo, y de entidades privadas, se estima que entre 45,000 personas, con trabajos registrados o informales, «han visto caer sus ingresos drásticamente, llegando a ser números en una alta tasa», porque el aislamiento vigente impide vuelos, colectivos y todo tipo de transporte, y mantiene las fronteras cerradas, lo que impide la llegada de turistas de Brasil, Chile, Europa y del resto del país.
El proyecto llegó al recinto, con la firma de la Gobernadora Arabela Carreras, y con el acuerdo de Ministros, y en sus considerandos se destaca que se propone esta declaración “en relación a los meses de julio, agosto y septiembre experimentado la temporada alta de mayor importancia en la Región Cordillera, tanto por el nivel de ocupación como por el gasto promedio del turista invernal -que es superior al de cualquier otra época del año- y no hay fecha cierta de finalización de esta situación «.
Se resolvió apelar a la figura de “zona de desastre” porque se avisó que “las personas humanas y jurídicas que dependen del turismo no pueden hacer frente a sus obligaciones si no se toman medidas rápidas y concretas para evitar el colapso de gran cantidad de ellas y la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo ”. Todo como consecuencia de la declaración de pandemia de coronavirus COVID-19 y del «aislamiento social, preventivo y obligatorio», que conlleva la prohibición de circular. El concepto de «desastre» se adopta por ser la pandemia, surgida por la aparición del COVID-19, «un factor imprevisible e inevitable que por su intensidad y carácter extraordinario afecta especialmente a las áreas receptivas del turismo».
La iniciativa, en su parte resolutiva, establece facultad al gobierno de Río Negro para “conceder los beneficios tributarios, totales o parciales a los contribuyentes” y al mismo tiempo plantea que “una vez declarado el estado de desastre Económico y Social, el Poder Ejecutivo Provincial deberá solicitar al organismo nacional competente la adopción de igual decisión en el orden nacional ”.
