Para ATE, “será difícil cumplir con la presencialidad en los tiempos fijados por el Gobierno”

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“No se puede subestimar la tercera ola y numerosas áreas todavía no cumplen con los protocolos Covid-19”, señaló el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar.

El Gobierno oficializó la resolución 91/2021 que establece la vuelta a la presencialidad a partir del 1 de septiembre para los empleados estatales que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. “El cumplimiento de la presencialidad se tornará difícil en los plazos fijados por el Ejecutivo en la nueva norma”, indicó el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. 

“Son muchas las áreas estatales en las que todavía no se han aplicado estrictamente los protocolos Covid», señaló el dirigente y advirtió: “Estamos en las puertas de una tercera ola que no debiéramos subestimar. La aparición de nuevas variantes más contagiosas pueden modificar de manera abrupta el escenario sanitario en las próximas semanas».

La normativa presentada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, encabezada por Ana Castellani, detalló que los empleadores deberán avisar con un mínimo de 72 horas de anticipación a los trabajadores que deban retomar la presencialidad. Además, quienes estén en condiciones de volver a esta modalidad y no lo hagan, serán pasibles de ser sancionados en base al régimen disciplinario.

Aguiar advirtió sobre el riesgo de contagios que se podrían dar al aplicar esta medida: «No podemos obviar la implicancia negativa que puede traer el aumento de decenas de miles de personas en el transporte público, generando grandes aglomeraciones».

«Para que se haga efectiva esta decisión en los tiempos definidos por el Gobierno, se deben acelerar todos los pasos para garantizar la provisión de elementos de protección personal y la capacitación de empleados y funcionarios de todos los sectores de la administración pública”
, indicó el adjunto estatal y concluyó: “En esta nueva etapa, desde nuestro sindicato tenemos que estar en todos lados junto a los trabajadores para velar por el cuidado de su salud y la de todos los destinatarios de las prestaciones estatales».