Mientras crecen las recomendaciones de cuidados para prevenir la segunda ola de contagios de COVID-19 y se realizan todos los esfuerzos para no tener que volver a las antipáticas restricciones, se siguen viendo distintos criterios entre los Intendentes rionegrinos a la hora de autorizar actividades masivas. Por caso, este mismo fin de semana, mientras en Río Colorado desbarataban una fiesta clandestina en una chacra con unas 170 personas, en Fernández Oro se realizaba una fiesta electrónica con autorización municipal para 300 personas, aunque distintas fuentes confirmaron que por lo menos se duplicó esa cantidad de asistentes, aunque fuentes extraoficiales hablan de unas 700 personas. Ya 300 participantes es un número ampliamente superior a lo autorizado por las autoridades sanitarias provinciales.
Todas las semanas se conocen noticias sobre fiestas clandestinas desbaratadas, con personas detenidas y automóviles secuestrados. Los registros de la Policía indican más de 90 operativos de este tipo en los últimos meses. Pero el problema se da cuando es el mismo Estado, en este caso un Municipio, el que da su aval para la realización de un evento masivo, donde el respeto de los protocolos sanitarios es casi una quimera. De hecho, la fiesta electrónica de Fernández Oro no contaba con autorización del Ministerio de Salud, sólo del Municipio.
Mientras en los últimos días se intensificó el debate respecto si hay o no nuevas restricciones, si se baja una hora o no el horario de bares y restaurantes, o el permiso de circulación, es sumamente necesario que los y las Intendentes unifiquen criterios para la autorización de este tipo de eventos, respetando los criterios de cuidado de la población necesarios y extremando los recaudos. Es necesario repartir la carga y los costos de una medida antipática. Si esto no sucede, sobre todo en regiones con poblaciones cercanas como el Alto Valle, de nada sirve que un o una Intendenta disponga estrictas medidas de cuidado si su vecino o vecina no lo hace, porque la gente irá de una ciudad a otra en la búsqueda de ciertas libertades que hoy son peligrosas para la salud de todos. La normativa vigente es clara: hay cupos de hasta 100 personas, es necesaria la habilitación de Salud, y reglas que hay que seguir. Ningún Intendente puede desconocer esa realidad.
