Por Pablo Barrno, legislador provincial.
La reforma de la Justicia federal que presentó el presidente Alberto Fernández es un faro conceptual y filosófico. El proyecto que se envió al Congreso trasciende la coyuntura y pretende establecer los parámetros institucionales y éticos que establezcan nuevos debates en torno al funcionamiento de la Justicia y también sobre la relación entre los ciudadanos y los poderes del Estado, especialmente con el Poder Judicial.
El Presidente demuestra la coherencia y la confiabilidad de la propuesta de Frente de Todos, porque este debate es parte del contrato electoral firmado con los ciudadanos.
«El sistema judicial debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia», dijo el Presidente y agregó que «el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».
Es demasiado evidente que en Río Negro estamos muy lejos de esos postulados, porque no existe la voluntad ni la convicción de los sectores involucrados. La opacidad es una característica constitutiva de la relación entre poder político y justicia en nuestra provincia.
